Muy buenas a todos:
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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Y siguiendo con el afan didáctico de este blog, hemos acudido a la fuente del problema. La Disposición Final Primera señala lo siguiente:
"4. Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información. Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas..."La burda trampa que pretendía establecer este gobierno de filibusteros es sencilla: que reglamentariamente se permitiese el cierre, clausura o cualquier otra medida restrictiva. La Ley 34/2002, artículo 8, establece lo siguiente:
"En todos los casos en los que la Constitución y las Leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información."¿Evidente? Colando de rondón las funciones, desvirtúo el control judicial mediante regulación reglamentaria. Sin perjuicio de ser inconstitucional, es tan grosero y flagrante este atropello que gente de todos los colores políticos se opone a ello. De Enrique Dans al famoso Ignacio Escolar. Desde Libertad Digital a Público. Lo del sucialismo zapaterista es sencillamente
L-A-M-E-N-T-A-B-L-E
Para los jóvenes y "jovenas" que no les conozcan, este es el famoso ministro Corcuera. El de la famosa patada en la puerta sin orden judicial. Esta visto que el talante lleva falda y es mucho más guapa, pero en el fondo sigue siendo lo mismo: totalitarismo y control de la sociedad, considerando a los ciudadanos como simples subditos.
He leído que Rodríguez I el Traidor ha desautorizado a su ministra. Sólo se estará tranquilo cuando si se aprueba este bodrio de Ley, la Disposición Final Primera ha desaparecido. El resto son juegos florales... y en esto, este desgobierno es todo un experto.
Un saludo a todos
Este hecho tiene tres aspectos, que cuando menos me llaman la atención y quiero en este blog señalar. El primero de ellos, y quizás el menos importante, es saber si Gerardo Díaz Ferrán va a seguir siendo el presidente de la C.E.O.E.. Como organización privada que es, deben de ser sus asociados los que decidan sobre quien defiende mejor sus intereses, a no ser que el propio Díaz Ferran considere que sus empresas le necesitan ahora más que antes y por ello presente su dimisión. Sencillo y simple.
El segundo aspecto que me llama la atención es una declaración hecha por el propio implicado. En la misma decía que ni el ICO ni ningún otro banco le habían concedido crédito alguno para mantener a flote la compañía. ¡¡ Pero que listo es este señor !! Osea la culpa de que su compañía sea deficitaria y tenga que cerrar es de los bancos que son muy malos o del ICO que no le financia. Entendiendo que este señor no buscaría consciente y voluntariamente la quiebra de sus empresas (para algo es empresario), algo tendrá que ver su pésima gestión para que la aerolínea quiebre.
Y el tercer aspecto que me parece cuando menos curioso va a ser el conjunto de medidas, declaraciones, manifestaciones que todo tipo de responsables políticos y económicos van a hacer sobre la susodicha quiebra y la venta de algunos miles de billetes a sabiendas de que la empresa iba a quebrar. Aquí, como estrellas invitadas tendremos al ministerio de Fomento, asociaciones de consumidores y las típicas declaraciones de los viajeros estafados a pié de terminal.
